Nueva reforma laboral en México fortalece la formalización y el cumplimiento en el sector agrícola

La reforma a la Ley Federal del Trabajo introduce cambios clave para garantizar condiciones laborales más justas en el campo y reforzar el cumplimiento en toda la cadena de suministro agrícola.

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encargada de regular las condiciones laborales en México, publicó el 24 de enero de 2024 una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de abordar vacíos históricos en la aplicación de derechos laborales en zonas rurales y agrícolas.

Durante años, la ambigüedad en la implementación de estos derechos generó inconsistencias en las condiciones laborales del sector. Esta reforma busca cerrar esas brechas y avanzar hacia un marco más claro y equitativo.

¿Qué cambia con la reforma?

La modificación establece medidas clave para garantizar la igualdad de derechos entre trabajadores, independientemente de si su contratación es permanente o temporal. Entre los principales cambios se destacan:

• La formalización del empleo agrícola.
• El acceso a condiciones laborales justas, incluyendo un salario digno.
• La afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el primer día de trabajo.
• Una mayor certeza jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La implementación de la reforma se apoya en mecanismos de verificación como la NOM-003-STPS-2023, que establece criterios actualizados en materia de seguridad e higiene para las actividades agrícolas.

Bajo esta norma, las empresas deberán someterse a auditorías para demostrar el cumplimiento de las disposiciones laborales y de protección al trabajador, fortaleciendo así la supervisión y el seguimiento en el sector.

Aunque la reforma fue aprobada en 2024, su implementación ha sido gradual. Este proceso responde a la necesidad de desarrollar lineamientos técnicos, mecanismos de verificación y procesos de adaptación para las empresas.

Este periodo de transición permite a los empleadores ajustar sus operaciones y alinearse con las nuevas disposiciones sin afectar la continuidad del sector agrícola.

Se prevé que estas disposiciones sean plenamente obligatorias y verificables hacia 2026, marcando un punto de “no retorno” en términos de cumplimiento empresarial.

Además, contar con certificaciones que acrediten el cumplimiento de estas normas podría facilitar el acceso de las empresas a certificaciones internacionales, cada vez más relevantes para competir en mercados globales y demostrar prácticas laborales responsables.